Se llama «ley canónica» al conjunto de normas y preceptos propios de la iglesia.
Así, se trata de un código legal que coincide con el derecho canónico, cuyos principios son enteramente oficiales e inquebrantables por parte de los fieles pertenecientes a la iglesia y por parte del clero mismo.
La ley canónica se relaciona con otras dos formas de ley, reconocidas ambas por la iglesia cristiana: la ley natural y la ley revelada.
La primera, la natural, nació en la edad moderna, y se refiere a aquellos derechos y a aquellas leyes fundamentales que se pueden descubrir a partir del ejercicio de la razón y del análisis de la creación, detrás de la cual se descubre la presencia de un creador, un Dios infalible y perfecto.
La segunda, la revelada, también se conoce como ley divina positiva, y consiste en las verdades de fe que Dios mismo ha hecho llegar a los hombres gracias a su revelación a través de testimonios y escrituras.
Las tablas de la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí, por ejemplo, constituyen la base de la ley revelada, tal y como viene descrito en el Antiguo Testamento.
La ley canónica, por último, es la ley positiva que se impone a partir de la institución eclesiástica.
Es temporal y puede referirse tanto a hechos particulares como a hechos universales.
Sin embargo, esta ley jamás puede entrar en conflicto con las leyes natural y revelada, que poseen un valor mucho más importante.
La razón por la que la ley canónica es siempre inferior a la natural o a la revelada se debe a que está sujeta a lo circunstancial.
Es decir: son normas que se aplican dentro de un contexto histórico y cultural, que, en consecuencia, puede variar.
Las normas establecidas por la ley canónica pueden estar referidas tanto a la totalidad de las personas que integran la comunidad cristiana como a una diócesis concreta; y pueden referirse tanto a la manera en la que tienen que comportarse los fieles como a las relaciones que se establecen dentro del clero, así como a la manera en la que se deben tratar y administrar los sacramentos.
A pesar de que son muchas las personas que se encargan de estudiar y modificar las leyes canónicas, en último término es el papa la única figura que tiene el poder necesario para transformarlas, de tal modo que las innovaciones y los cambios se suelen identificar con los diversos papados que se han ido sucediendo en la historia del cristianismo y la iglesia.
El derecho al que da lugar la ley canónica es completamente autónomo, y posee sus propios jueces, su propia jurisprudencia y sus propios códigos.
Estos códigos se fueron estableciendo a lo largo de la historia, a través de diversos concilios y papados, destacando muy particularmente los códigos establecidos por el papa Clemente en el año 1317.
A partir del siglo XX se inició la compilación de todos los códigos que integran la ley canónica, gracias al esfuerzo de los papas Pío X y Benedicto XV, en torno a la segunda década del siglo XX.
La ley canónica vigente en la actualidad fue promulgada por el papa Juan Pablo II, quien elaboró las nuevas normas en el año 1983.
Aunque este nuevo código se aplicó en principio sólo al mundo latino, en 1990 se extendió también a la iglesia oriental.
Sin embargo, a pesar de los intentos ecuménicos católicos, tanto la iglesia ortodoxa rusa como la iglesia anglicana poseen sus propias leyes canónicas, que tienen el objeto de fijar la manera en la que se celebran los diversos ritos que integran su forma de cristianismo.
En definitiva, la ley canónica supone el intento por parte de la iglesia de establecer una legalidad positiva y particular propia, que respete en todo momento las leyes revelada y natural, y que sea capaz de mostrarse lo suficientemente flexible como para dar cuenta de las particularidades de todos y cada uno de los pueblos que forman parte de la cristiandad.
